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Disquisiciones sobre la saca de moneda a finales del reinado de Carlos III

Disquisiciones sobre la saca de moneda a finales del reinado de Carlos III

Por Pedro Damián Cano Borrego

miércoles 16 de noviembre de 2016, 02:13h
Las reformas llevadas a cabo entre 1772 y 1786 no consiguieron su objetivo de unificar el monetario circulante. Años más tarde, en la década de los 90 del mismo siglo, proliferaron las tablas de cambio rápido de la amplia variedad de monedas todavía en circulación en vellón Asimismo, el estallido de la guerra de Independencia de los Estados Unidos de América y la mayor valoración de la moneda de plata en los países extranjeros produjeron un importante flujo de moneda de este metal con destino a Francia.

Esta salida no pudo ser atajada con las medidas tomadas por la Real Orden de 1780, que suspendió las guías y los despachos de las aduanas de Cádiz, Madrid y demás del Reino para llevar moneda por tierra o mar a las tres provincias vascas, pudiendo llevar los arrieros, viajantes u otras personas únicamente la moneda necesaria para hacer frente a sus gastos.

En las aduanas de Vitoria, Balmaseda y Orduña, así como en las demás de la raya de Castilla, se ordenó que únicamente se permitiese la entrada a estas provincias con registros de la cantidad en metálico que necesitasen los viajantes y comerciantes para sus actividades habituales, y a los arrieros y demás personas de Castilla la necesaria para sus compras, no pudiéndose sobrepasarse el importe de 20.000 reales de vellón.

Una nueva Real Orden de 1781 permitió a los arrieros y viajantes llevar fondos por un importe no superior a 2.000 reales de vellón en moneda de oro y plata, y a los comerciantes de conocido tráfico les facultó a llevar hasta 20.000 reales en oro, siempre que el camino que siguiesen fuese el de las aduanas de Cantabria.

Este mismo año el Secretario de Hacienda remitió al Consejo una nueva Real Orden que recordaba la reiterada normativa tendente a prohibir la extracción de metales preciosos. En la misma se reconoce que en ocasiones se permitía la remisión de moneda mediante órdenes particulares, y se afirmaba que se habían registrado perjudiciales excesos en la extracción de moneda de plata sin permiso real desde el Principado de Cataluña.

Años después, acabada ya la guerra, por Real Cédula de 1784 se prohibió la saca de moneda por los puertos y plazas de comercio del Reino, sin la previa y preceptiva licencia o despacho, salvo en pequeñas cantidades para gastos comunes de los comerciantes en los pueblos cercanos a las fronteras. Esta norma fue objeto de recurso por los comerciantes de Barcelona, que se resolvió denegatoriamente.

El recientemente creado Banco Nacional de San Carlos, habiendo tenido conocimiento de la extracción clandestina de numerario argénteo desde las provincias vascas, Aragón y Cataluña, solicitó de la Corona ese mismo año que se regulase un régimen especial para la remisión de moneda batida en metales preciosos a estas provincias.

Entre 1786 y 1800 se mantuvo el ratio bimetálico entre el oro y la plata, tanto nacional como provincial, en el 16,61 a 1, mientras que en los demás países de Europa rondaba el 15-1. Como recogía Lionet, todavía a principios de la siguiente centuria la proporción entre el oro y la plata era la más elevada de todos los Estados de Europa.

España siguió recibiendo plata en grandes cantidades, pero no deja de ser sintomático que entre los años 1781 y 1798 el 65% de la amonedación en la ceca de Sevilla fuese del metal áureo traído de las Indias, batiéndose allí, por su proximidad a Cádiz, la mayor parte de las remesas de oro y plata procedentes del Nuevo Mundo. En la ceca de Madrid, donde se recibía oro portugués proveniente de Brasil, el porcentaje alcanzaba el 85% de toda la moneda batida.

La devaluación de la plata producía como efecto la escasez de moneda menuda en la Península, como ponía de manifiesto el Superintendente de Extremadura en 1787, debido al comercio con Portugal, que se pagaba en reales de plata. La falta de plata en nuestro solar y en las Indias contrastaba con su abundancia en otros países, como Inglaterra o Estados Unidos, donde el real de a ocho era tan abundante como para convertirse en moneda de cuenta.

En el año 1784 el caudal de moneda recibida de las Indias, que había estado retenida en origen durante los cuatro años de guerra contra Inglaterra, ascendió a 19.349.000 pesos de plata, o 386.980.000 de reales de vellón. El año siguiente se incrementaron las remesas hasta los 20.072.928,5 pesos de plata, o 401.458.570 reales de vellón, la mayor cantidad de plata que posteriormente salió desde España hacia Europa en cualquier año precedente.

En plena época del mercantilismo, muchos economistas y hombres de Estado vieron en esas exportaciones, dedicadas entre otras situaciones a sufragar los anticipos recibidos durante el periodo bélico, como una gran catástrofe nacional. Para ellos el recientemente constituido Banco de San Carlos, como beneficiario único del monopolio de las sacas, era responsable de ello, y fue denunciado por privar de la savia argéntea necesaria para vivificar la agricultura, la industria y el comercio, y consideraban que la preceptiva licencia para la extracción era para la institución una mera formalidad.

Pedro Rodríguez de Campomanes por Antonio Carnicero 1777.

A finales de ese año de 1784 el conde de Campomanes transmitió al de Floridablanca una queja formulada por los principales hombres de negocios de Cádiz, que se quejaban de que la exportación masiva de plata había vaciado el reino de numerario y obstruido seriamente la exportación de bienes metropolitanos e indianos. Campomanes afirmaba que los productos recibidos de las Indias no encontraban mercado en Cádiz y otros puertos, por lo que solamente podían utilizarse para el pago en especie a comerciantes extranjeros.

El Conde de Floridablanca por Goya 1783.

Francisco Cabarrus por Goya 1788.

En una carta dirigida a Floridablanca, fechada el día 30 de octubre de 1784, Cabarrús adscribía el ingente caudal de las exportaciones de numerario al desajuste producido en la relación bimetálica y a la discordante fineza en los diferentes faciales de las monedas. Afirmaba que, obviamente, las alteraciones monetarias eran un secreto de Estado, solamente desvelado a los empleados de las cecas cuando habían jurado no revelar dicha devaluación, pero que la diferencia en su pureza no contrarrestaba las diferencias en peso. Por ello estimaba que el beneficio se podía obtener exportando la moneda infravalorada, y que eso era la razón de su ausencia.

En la Junta del Banco de San Carlos celebrada el día 29 de diciembre de 1785, Cabarrús que los beneficios para el Estado por la exportación de moneda se habían multiplicado en los dos últimos años por cinco con respecto a los anteriores 29 años. Si bien el principal factor para ello había sido la masiva cantidad de moneda recibida, Cabarrús estimaba que la principal razón para ello se encontraba en la represión de contrabando, para lo que el establecimiento del monopolio había sido capital.

Afirmaba asimismo que era innegable el gran progreso que en el periodo habían alcanzado la agricultura y la renovación fabril en Valencia y Cataluña. La sangría de moneda metálica era a su parecer debida a la desfavorable balanza comercial de la Corona. Para él, un Estado podía tener o poca o mucha moneda metálica, y ambas cosas se podían considerar deseables, dado que lo importante realmente es que la cantidad de moneda en circulación fuese la adecuada. Esa cantidad debía ser proporcional a los bienes y a los servicios, y la plata no dejaba de ser un producto de las minas españolas a exportar como otro cualquiera.

Asimismo, argüía que si el metal precioso no se exportase, la economía española se resentiría más que las demás en caso de superabundancia de metales preciosos, anegada bajo una pila de ellos, y todos los productos y mercancías alcanzarían unos precios excesivos.

Para Cabarrús y Valentín Foronda, si se revocaba el monopolio a favor del Banco se forzarían los precios en el mercado nacional por la competición que se mantendría entre los compradores, mientras que en los mercados exteriores los vendedores podrían forzar su depreciación.

En una Instrucción Reservada de 1787 recogida en las Obras Completas de Floridablanca, se hace especial hincapié en que los derechos y extracción de la moneda debían ser especialmente cuidados por la Real Junta de Moneda. Se consideraba que lo óptimo era ajustar la salida de numerario a la cantidad equivalente a los efectos, frutos y manufacturas que se introducían por los extranjeros en exceso de lo que los españoles exportasen fuera.

La moneda de oro y plata era considerada una mercancía –son frutos nuestros- del que reconocía un gran excedente con respecto a las necesidades internas y la circulación, y asimismo se afirmaba que si no se diese salida al mismo sería un problema, que podría llegar a envilecer la moneda. A comienzos del siglo siguiente, José Marcos Gutiérrez consideraba en este sentido que no había nada más injusto y absurdo que prohibir la salida de los metales en barra o en moneda, dado que si abundaban demasiado, especialmente si procedían del beneficio de las minas, el gobierno debía favorecer su salida hasta llegar al nivel conveniente para excitar la actividad de un pueblo.

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